Durante décadas, las playas de Tulum y la costa circundante de Quintana Roo fueron más que simples extensiones de arena blanca. Fueron espacios de convivencia y libertad. Familias hacían pícnic bajo las palmeras, turistas caminaban descalzos por la orilla, y los locales nadaban al amanecer antes del trabajo. El mar le pertenecía a todos. Sin cercas. Sin cuotas. Sin letra pequeña.

Hoy, esos mismos espacios se están rediseñando mediante la exclusión. Poco a poco, lo que alguna vez fue un derecho se vende como un lujo.

Conforme a la Constitución Mexicana, las playas son propiedad federal. El artículo 27 sostiene que la nación es dueña de todas las tierras y aguas dentro de su territorio. La Ley General de Bienes Nacionales refuerza esto al establecer que los primeros 20 metros desde la línea de pleamar, conocida como la zona federal marítimo terrestre, o Zofemat, deben permanecer libres y accesibles para todos.

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Sin embargo, la realidad cuenta otra historia. Las concesiones y acuerdos privados han permitido que cadenas hoteleras y clubes de playa se adueñen de lo que debería ser terreno común. El acceso ahora suele estar bloqueado, el uso se restringe, y la entrada tiene un precio. Las autoridades, lejos de defender la ley, se han vuelto cómplices, tolerando y a veces facilitando activamente esta privatización gradual.

El caso del Parque del Jaguar

Pocos ejemplos ilustran esta traición de la confianza pública con mayor claridad que el Parque del Jaguar. Cuando el municipio de Tulum firmó un acuerdo con la concesionaria Gafsacomm, ahora Grupo Mundo Maya, la condición era cristalina: los residentes tendrían acceso gratuito con su credencial oficial.

Pero la promesa se rompió. María, residente de Tulum de toda la vida, recuerda la humillación de ser rechazada a la entrada después de caminar dos kilómetros bajo el sol con sus nietos. "Me dijeron que tenía que pagar como todos los demás", relató. "Pero aquí es donde pescaba mi papá. Este era nuestro lugar".

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El presidente municipal Diego Castañón Trejo reconoció recientemente el incumplimiento del acuerdo. Mientras tanto, tanto residentes como turistas nacionales continuaron enfrentándose a cuotas para entrar a lo que debería ser un área pública protegida.

En respuesta, la gobernadora Mara Lezama inició negociaciones, y el asunto llegó a la agenda nacional de México. El senador Ricardo Monreal promueve ahora una iniciativa legislativa para garantizar acceso gratuito a todas las áreas naturales protegidas federalmente. El simple hecho de que tal ley sea necesaria solo demuestra cuán lejos ha derivado la política pública del principio constitucional.

De espacios compartidos a privilegios controlados

No hace mucho tiempo que las playas de Tulum eran verdaderamente compartidas. Locales y viajeros, mochileros y familias, convivían libremente en la misma arena. Los niños construían castillos junto a yoguis, y los pescadores saludaban a los buscadores de sol al amanecer.

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Hoy, las cercas se alzan donde antes colgaban las hamacas. Guardias armados hacen cumplir líneas imaginarias. Las entradas de día y pulseras determinan quién disfruta de la costa, y quién es rechazado.

La transformación es dolorosa. Un lugar alguna vez definido por la apertura es ahora un mosaico de restricciones. Y la ironía no podría ser más amarga: mientras México se presenta al mundo como un paraíso abierto, muchos de sus propios ciudadanos son tratados como intrusos en sus paisajes ancestrales.

Un arreglo político con la naturaleza

En lugar de restaurar el derecho pleno de acceso, el compromiso ofrecido ha sido permitir un día libre a la semana para residentes locales. Esto podría parecer progreso, pero no es más que un juego de manos político. Cuando los derechos se reformulan como favores, la democracia se vuelve teatro. Lo que debería ser permanente se hace temporal. Lo que debería estar garantizado ahora es condicional.

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No se trata simplemente de un parque o un tramo de costa. Se trata de la economía política más amplia en la cual la tierra, la naturaleza y la identidad se mercantilizan. El turismo y la especulación inmobiliaria no solo han construido hoteles, han rediseñado el poder. En Tulum, la línea entre el bien público y la ganancia privada se ha difuminado en la arena.

Un patrón global silenciado

Tulum no está sola. Desde las playas de Ibiza hasta las costas de Bali y Hawái, comunidades alrededor del mundo enfrentan luchas similares. Conforme el paraíso se vuelve comercializable, el acceso se vuelve excluyente. El derecho a la naturaleza se está reinterpretando como una amenidad de lujo.

Pero aunque la batalla sea internacional, el dolor es local. Aquí en Quintana Roo, se siente cada vez que a un niño le dicen que no puede traspasar una puerta sin entrada. Cada vez que un anciano encuentra su antiguo lugar de pesca detrás de una caseta de seguridad.

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La memoria como resistencia

Los ancianos de Tulum recuerdan cuando nada de esto estaba cercado. Cuando la brisa marina traía solo sal, no ganancia. Algunos aún caminan por la costa al amanecer por costumbre, susurrando nombres de playas que alguna vez dieron la bienvenida a todos. En su memoria yace una forma silenciosa de resistencia, una negativa a olvidar que esta tierra una vez fue compartida, libre y sagrada.

Una cuestión de dignidad

¿Deberían sentirse agradecidos los residentes por un día de acceso a las playas que definen su hogar? ¿Debería un derecho constitucional distribuirse como una asignación semanal?

La respuesta debe ser no. El acceso público a playas y áreas protegidas no es un gesto de generosidad. No es un favor de temporada. Es un derecho, consagrado en la ley y anclado en la dignidad. Aceptar menos es normalizar la injusticia. Aceptar menos es olvidar quiénes somos.

Garantizar acceso permanente e irrestricto no es un acto de caridad. Es el reconocimiento de que estas costas forman parte del patrimonio cultural y natural de México. No son mercancías. Son terreno común.

Hasta que este principio se honre plenamente, cada llamado "día libre" servirá no como un regalo sino como un recordatorio. Un recordatorio de lo que fue arrebatado. Un recordatorio de lo que aún debe ser reclamado.

Tal vez algún día ya no necesitaremos suplicar por entrada a nuestro propio paraíso. Hasta entonces, recordamos. Hablamos. Y resistimos, ola tras ola.

Y en The Tulum Times, nos mantenemos comprometidos a documentar esta lucha, no como una lamentación nostálgica, sino como un llamado urgente a la justicia.

*Imagen generada por IA.

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