El año pasado, las autoridades locales y el gobierno municipal de Tulum presentaron una visión ambiciosa para las playas públicas. Anunciaron nuevos senderos peatonales, áreas de descanso, baños públicos y accesos que, según sus palabras, pertenecerían a todos. "Estos son para toda la gente", dijeron. Una costa reimaginada abierta a residentes, turistas y a cualquiera que quisiera experimentar la belleza natural de Tulum con dignidad.
Lo que no dijeron, lo que nadie podría haber imaginado en ese momento, fue que para acceder a esas mejoras "públicas", eventualmente tendrías que pagar. Y no solo en pesos.
Hoy, residentes, prestadores de servicios y visitantes reportan lo que se siente más como un parque privatizado bajo marca federal que como un tesoro público. A pesar de acuerdos verbales entre comunidades locales y agencias federales, el acoso dentro del Parque Nacional Tulum no se ha detenido. En cambio, ha evolucionado.
Se les exige a los turistas, incluso a los que entran a pie, usar pulseras para acceder a servicios esenciales: baños, transporte interno o restaurantes privados. La reacción en contra crece cada vez más fuerte.

Un mensaje de José Juan Domínguez Calderón, director de la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano, confirmó lo que muchos temían: cualquier actividad turística, renta de bicicleta, pasar tiempo en un beach club, incluso parar para beber algo, requiere una pulsera emitida por CONANP y los operadores del Parque del Jaguar. Es como si estas agencias federales y los concesionarios privados actuaran ahora como dueños de tierra que se suponía debería ser libre.
Locales y empresarios acusan al gobierno federal, a través de CONANP y GAFSACOMM (ahora operando como Grupo Mundo Maya), de intentar recuperar inversiones explotando la imagen del destino, mientras que las acusaciones de corrupción y cobros ilegales se multiplican. Las calles zumban con una palabra: traición.
Los afectados ahora se organizan para nuevas manifestaciones, exigiendo lo que fue prometido en titulares y discursos audaces: acceso libre a playas y servicios públicos, sin pagar por una pulsera.
El montaje: lo que se dijo versus lo que realmente está pasando
Lo que una vez fue promocionado como un acuerdo histórico para garantizar acceso digno y sin costo al Parque Nacional Tulum se ha convertido, según dueños de negocios locales, en un esquema estrechamente controlado que beneficia solo a un actor: Gafsacom.
Los testimonios del terreno son claros: la empresa que opera el Parque Nacional del Jaguar estuvo ausente de las mesas redondas con protestantes y funcionarios. Ahora, afirman desconocer cualquier compromiso hecho durante esas conversaciones.

En términos prácticos, los visitantes técnicamente pueden entrar, pero solo a pie. Sin autos. Sin motocicletas. Ni siquiera bicicletas. Una vez dentro, están solos bajo el sol abrasador, caminando largas distancias y pagando por cada amenidad: sombra, un descanso en el baño, refrescos, tours, acceso a la playa. Cada servicio, sin excepción, requiere una pulsera.
Y aquí viene lo mejor: aunque la playa es nominalmente pública, a la gente no se le permite usar los baños ni acceder a ninguna de las instalaciones que una vez fueron "construidas para todos". Las mejoras anunciadas con tanto despliegue siguen ahí, pero detrás de una cuerda de terciopelo hecha de burocracia y cuotas.
"Los visitantes no vienen solo a nadar", dice un operador de botes frustrado. "Quieren comida, paseos en bote, acceso a ruinas, o simplemente un lugar donde sentarse. Pero cada una de esas cosas ahora requiere una pulsera. ¿Qué parque público te cobra por descansar bajo un árbol?"
Ecos de exclusión
Estos agravios señalan un patrón que se vuelve cada vez más familiar en Quintana Roo: la conversión de tierra federal en una franquicia comercial. No se trata solo de acceso, se trata de erosión. No de la línea costera, sino de la confianza pública.
Aunque las playas técnicamente siguen siendo "libres" para quienes no usan los servicios, los locales dicen que esa distinción no tiene sentido. Sin baños, sin puntos de acceso para familias con adultos mayores o niños pequeños, y sin infraestructura básica, la idea de acceso libre existe solo en el papel.
La indignación no es abstracta. Está enraizada en algo muy real. La gente recuerda las promesas hechas hace poco: reformas legales, zonas de playa pública gratuitas e infraestructura expandida para todos. Estas no eran sugerencias vagas; eran compromisos específicos y mensurables de funcionarios electos y agencias federales.
El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón, incluso habló abiertamente de reformar leyes nacionales para garantizar entrada libre a playas y áreas protegidas, y de coordinar con el INAH y CONANP para abrir nuevas rutas a Playa Mangle. ¿Pero ahora? El mismo grupo asignado a proteger y administrar el parque es acusado de negar acceso a esos mismos servicios a menos que se pague una cuota. Y lo que es peor, negando acceso incluso a residentes, a pesar de presentar credenciales.

Una nueva clase de frontera
Esta situación no solo afecta a turistas. Impacta directamente a pequeños dueños de negocios, guías de turismo, artesanos y familias que dependen del flujo de playa para sobrevivir. Cada pulsera vendida es una bebida menos pedida en un puesto local, una propina menos para la tripulación del bote de un pescador. Va erosionando la economía informal que ha sostenido durante mucho tiempo a la clase trabajadora de Tulum.
La reputación del área, una vez un escape bohemio, lleno de playas abiertas y libertad descalza, ahora se está convirtiendo en algo más exclusivo. Más estéril. Una experiencia curada donde la naturaleza puede disfrutarse, pero solo si sostienes la pulsera de color correcto.
Esta privatización gradual se siente en toda la Riviera Maya, pero Tulum, con su mezcla única de maravilla ecológica y herencia indígena, siente la pérdida más acutamente. El alma del lugar, una vez enraizada en el acceso comunal a tierra sagrada, está siendo vendida en fragmentos.
¿Y para qué?
Lo que está en juego
En un lugar donde el acceso solía significar caminar descalzo a través de un sendero de manglar para encontrar el mar, ahora encontramos cercas, puntos de control y cuotas en aumento. Las promesas hechas hace apenas meses ahora son susurros llevados por el viento del Caribe.
Los ciudadanos de Tulum no solo piden conveniencia. Piden dignidad. Por el cumplimiento de compromisos. Por el derecho a caminar, descansar y respirar en su propia tierra sin necesidad de una pulsera para justificar su presencia.
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Beach Access, Public Shoreline, and Coastal Rules in Tulum
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