En Tulum, una playa nunca es solo una playa. Es tierra sagrada, intrínsecamente ligada a la ecología y la cultura de la región. Por eso, cuando un acuerdo se desmorona, sobre todo uno que involucra el acceso público, las grietas no solo aparecen, sino que se agrandan rápidamente.
Diego Castañón Trejo, presidente municipal de Tulum, ya no se guarda nada. Acusa abiertamente a Grupo Mundo Maya, antes conocido como GAFSACOMM, de incumplir una promesa pública. El meollo del asunto es el acceso al Parque del Jaguar , una reserva natural protegida que se extiende a lo largo de la frágil y venerada costa del municipio.
“Teníamos un acuerdo”, declaró Castañón Trejo con voz llena de frustración. “Presenta tu identificación y entras gratis. Así de simple. Pero no lo respetan”. Esto no es solo una maniobra política. Es algo personal. Para muchos lugareños, el Parque del Jaguar no es un destino turístico. Es su patio trasero, su herencia, su esencia. Cuando la entrada se monetiza, lo que antes era compartido se vuelve inaccesible.

Donde la política interviene para reparar acuerdos rotos
Este conflicto ha trascendido las puertas del parque y ha llegado hasta las cámaras legislativas. En respuesta, Castañón Trejo, junto con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y el subcoordinador federal, Ricardo Monreal, impulsa una nueva iniciativa federal.
Su objetivo es sencillo: garantizar el acceso público gratuito a todas las áreas naturales protegidas a nivel federal en México al menos un día a la semana, ya sea sábado o domingo, y en los días festivos nacionales.
Esta medida dista mucho de ser simbólica. Más del 30% de Quintana Roo está clasificado como territorio protegido. Para sus habitantes, el acceso no es un privilegio, sino una necesidad. «Es urgente», explicó el alcalde. «No hablamos de una sola playa ni de un solo parque, sino de un tercio de nuestro territorio».
Esta propuesta legislativa, impulsada por Monreal y respaldada por un creciente apoyo municipal y estatal, podría cambiar el debate nacional sobre los derechos de acceso a la naturaleza. Aún no es ley, pero se dirige a la Cámara de Diputados federal. A partir de ahí, la lucha se intensificará.

Confianza rota a puerta cerrada
Se percibe el cansancio en la voz de Castañón Trejo. «Nos reunimos con ellos. No una ni dos veces. Más de diez veces», dijo refiriéndose al Grupo Mundo Maya. «Se llegaron a acuerdos. Pero hoy ignoran a la gente local. Y la gente está cansada».
Lo que comenzó como una negociación ahora está cargado de tensión. La colaboración se ha transformado en confrontación. El alcalde ha dejado claro que, si la situación no mejora, está dispuesto a tomar medidas drásticas. «Si tengo que protestar, lo haré. Así de en serio nos tomamos esto».
La cuestión en juego no es solo el acceso. Es la confianza. Cuando las promesas vinculadas a los derechos públicos comienzan a desmoronarse, la pregunta se vuelve más apremiante: ¿para quién son realmente estas áreas protegidas?
Un llamado a la justicia, no al desorden.
A pesar de la creciente fricción, Castañón Trejo subraya que no se trata de ignorar los esfuerzos de conservación. «Los respetamos. Los acatamos», afirmó. Su demanda no es de caos, sino de equidad. El libre acceso debe coexistir con la responsabilidad ecológica. Es un equilibrio, no una compensación.
Y cuando habla del futuro, el tono del alcalde cambia. Vuelve a asomar la esperanza. «Estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo. Y creo que va a suceder. Monreal nos ha apoyado. El gobernador también. Esta iniciativa podría cambiarlo todo».
Sin embargo, hay una advertencia implícita en el ambiente. Un proyecto de ley no es una ley. Y una ley, si no se aplica, no es más que papel.

Más allá de Tulum: Un ajuste de cuentas nacional
Lo que comenzó como una disputa en Tulum ahora resuena en todo el país. El debate aborda valores fundamentales: el acceso, la igualdad y el derecho a la naturaleza. En un lugar donde la línea entre el paraíso y el lucro es tan delgada como la arena blanca, esta conversación es más urgente que nunca.
Existe un viejo dicho costero que afirma que la playa pertenece a todos. Que ese ideal perdure o no dependerá de lo que suceda en los círculos políticos mexicanos y de si Grupo Mundo Maya decide volver a la mesa de negociaciones.
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Beach Access, Public Shoreline, and Coastal Rules in Tulum
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