Una emisión nacional que se ha vuelto viral ha sacado a la luz pública las acusaciones de extorsión en Tulum, después de que propietarios de negocios locales describieran cargos por recolección de basura y permisos que ascendían a cientos de miles de pesos.
El reportaje, emitido por Azteca Noticias el 2 de junio de 2026, se centró en Walter Balam, un empresario de Tulum que accedió a hablar ante las cámaras. Balam dirige un restaurante de desayunos que antes empleaba a 16 personas y ahora opera con la mitad. Su testimonio, sumado a quejas similares de otros empresarios, ha convertido una cuestión sobre la facturación municipal en una disputa más amplia sobre el trato que el gobierno local da a los negocios que sustentan la economía de la ciudad.
Lo que está en juego es real. La economía de Tulum depende del turismo, y quienes denuncian estos cargos son los restauranteros, dueños de clubes y pequeños comerciantes que mantienen a los residentes empleados durante una recesión que ya ha provocado cierres y despidos. Si el papeleo rutinario puede generar costos impredecibles, el riesgo se extiende a todos los pequeños negocios del municipio.
Dentro de las acusaciones de extorsión en Tulum
El caso de Balam comenzó con una factura por la recolección de basura en un club de tenis que él administra, una propiedad con tres canchas. Dijo que el cargo inicial fue de 27.000 pesos. Cuando preguntó por un negocio similar de tamaño parecido, le dijeron que su factura era de 4.717 pesos.
La cifra no se mantuvo constante. Según Balam, cuando regresó para reimprimir el recibo después de que expirara el plazo de pago de un mes, el monto había aumentado a 135.000 pesos. Comentó que el sistema municipal falló en tres ocasiones distintas y que, cuando finalmente se imprimió un recibo, el total ascendía a 229.000 pesos por el mismo servicio.
Era el mismo servicio, facturado de tres maneras diferentes.
Según explicó, parte del problema radicaba en la clasificación del inmueble. Balam afirmó que el club de tenis figuraba como una ferretería, una categoría que no se correspondía con el negocio. «Les dije que algo andaba mal, o que esto ya era algo personal», relató en directo. Relacionó el trato recibido con una aparición anterior en televisión, y añadió que la presión se intensificó tras ese reportaje.
Un cambio de nombre que vino acompañado de una factura de medio millón de pesos.
La tarifa de la licencia acaparó aún más la atención. Balam explicó que la licencia de operación original de su restaurante costó 14.433 pesos cuando la pagó en 2022. Para un simple cambio de nombre en dicha licencia, el municipio le exigió 540.000 pesos.
Exigencias de pago solo en efectivo y cuestiones de transparencia
Varios dueños de negocios informaron a Azteca Noticias que algunos trámites debían pagarse en efectivo, sin opción de tarjeta ni transferencia bancaria. Balam relató que le dijeron que solo se aceptaba efectivo y cuestionó cómo se esperaba que alguien presentara esa cantidad en billetes.
Según él, la práctica no se limitaba a una sola visita. De acuerdo con Balam, la exigencia de pago solo en efectivo surgió en febrero y seguía vigente cuando la red volvió a funcionar en junio. En las imágenes del reportaje, una cajera municipal indicó que los terminales de pago con tarjeta estaban en mantenimiento. Al preguntársele cuánto tiempo llevaban fuera de servicio, la cajera respondió que no podía precisarlo.
La emisión describió la insistencia en el pago en efectivo como una práctica que podría generar dudas en virtud de las leyes anticorrupción y tributarias. Estas son caracterizaciones que aparecen en el informe, no conclusiones de ninguna autoridad. No se han confirmado cargos relacionados con estas acusaciones específicas.
Denuncias de represalias y una resolución pacífica
Balam afirmó que las cantidades en disputa cambiaron después de que publicara la documentación en Facebook. Según su relato, el cargo por recolección de basura se resolvió finalmente en 27.000 pesos y el asunto de la licencia en 50.000 pesos, sumas muy inferiores a las que le habían indicado. También declaró que lo presionaron para que eliminara las publicaciones.
Esa secuencia, la repentina reducción una vez que una queja se hizo pública, es a lo que se refieren los dueños de negocios cuando describen el sistema como arbitrario. Azteca Noticias informó que algunos operadores enfrentaron cierres o mayor presión administrativa después de hacer públicas sus quejas, lo que los dueños afectados interpretan como una posible represalia.
Una economía turística que ya está bajo presión
Las acusaciones llegan a un pueblo que lleva más de un año sufriendo una caída drástica del turismo. Las cifras del sector citadas en la prensa regional sitúan la ocupación hotelera media de Tulum cerca del 75 por ciento en 2025, mientras que en verano cayó a aproximadamente el 40 por ciento, uno de los peores periodos en una década.
Los dueños de negocios en Tulum han reportado cierres parciales y reducciones de personal, una tendencia que se refleja en la nómina de Balam. La menor afluencia de visitantes y los costos fijos constantes han dejado a los pequeños comerciantes con poco margen de ganancia, razón por la cual las facturas municipales inesperadas tienen tanta importancia.
Las finanzas del gobierno municipal han sido objeto de escrutinio este año. La ciudad contrató un préstamo de 50 millones de pesos con Banorte a finales de 2025, presentado como una medida para cubrir las prestaciones de los trabajadores, y el uso de esos fondos ha sido cuestionado en las cuentas públicas y en protestas que exigen la intervención de los organismos de supervisión estatal.
Lo que ha dicho el gobierno municipal
El alcalde de Tulum, Diego Castañón Trejo, encabeza la administración que maneja las quejas. Aún no ha emitido una respuesta pública detallada a las acusaciones específicas formuladas en la transmisión de junio.
En declaraciones anteriores, Castañón rechazó la idea de que los cobros ilegales o la extorsión fueran generalizados en Tulum y calificó las críticas a su gobierno como una campaña de desprestigio. También afirmó que la delincuencia en el municipio disminuyó drásticamente y que su administración trabaja para mantener la confianza de los comerciantes y visitantes. El Tulum Times no pudo verificar de forma independiente las cifras de facturación individual mencionadas por Balam.
Por ahora, los dueños de negocios afectados solicitan una revisión del cálculo de las tarifas y explicaciones claras y por escrito de los cargos que reciben. La respuesta de las autoridades estatales o municipales (ya sea una auditoría, una corrección o el silencio) determinará la confianza que aún le queda a la comunidad empresarial de Tulum.
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