Un funcionario de salud estatal en Tulum habría suplantado a un inspector federal de Cofepris durante años, extorsionando a dueños de negocios durante inspecciones sanitarias, según comerciantes y la comisión anticorrupción municipal.

Las acusaciones llegan a una comunidad empresarial ya bajo presión, y plantean una pregunta con consecuencias muy más allá de una oficina: quién ha estado inspeccionando realmente los hoteles, restaurantes y tiendas de Tulum, y bajo qué autoridad. Para un destino cuya economía depende de establecimientos que deben pasar revisiones sanitarias para operar, la respuesta importa a casi todos.

Una Supuesta Identidad Federal Que No Existía

Dueños de negocios y autoridades municipales han identificado al funcionario en el centro del caso como Emigdio Morales, quien dirige la ventanilla de servicio local de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS), dependencia de la Secretaría de Salud de Quintana Roo. De acuerdo con esas acusaciones, Morales se presentaba durante inspecciones como representante de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, conocida como Cofepris, agencia federal para la que no trabaja.

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Eugenio Barbachano, el regidor que preside la Comisión Anticorrupción del Cabildo, dijo que está analizando una denuncia penal por usurpación de funciones. En su relato, Morales operó durante años como un supuesto representante de Cofepris mientras en realidad pertenecía a la dependencia estatal.

Ninguna de las acusaciones ha sido probada en corte, y Morales no ha respondido públicamente a ellas.

Lo Que Dueños de Negocios Describen Durante Inspecciones Sanitarias en Tulum

Comerciantes en Tulum dicen que Morales y otros inspectores se identificaban como personal de Cofepris durante verificaciones sanitarias y exigían pagos para evitar cierres o sanciones. Algunos dueños de negocios dijeron que entregaron dinero en múltiples ocasiones por miedo a represalias.

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Sus relatos coinciden con un patrón más amplio reportado por medios regionales en días recientes. Dueños de negocios citados en reportes de prensa describieron inspecciones que parecían diseñadas para encontrar una falta a cualquier costo, con pagos irregulares que dijeron oscilaban entre 20,000 y 50,000 pesos. Algunos operadores de pequeños negocios dijeron a reporteros que se les ofreció elegir entre cumplimiento formal costoso y pagos mensuales de alrededor de 5,000 pesos.

Las quejas provienen principalmente del sector turismo, donde una orden de cierre puede acabar con una temporada alta y donde pocos dueños pueden costear una disputa prolongada con un inspector, real o no.

Cofepris Dice Que No Tiene Oficina en Quintana Roo

Después de que el caso se hizo público, Cofepris emitió una aclaración que replanteó todo el asunto. La agencia federal declaró el 14 de julio que no tiene delegación municipal en Quintana Roo, y que la vigilancia sanitaria en el estado corresponde exclusivamente a DPRIS, la oficina de protección contra riesgos de la Secretaría de Salud estatal.

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En términos claros, cualquiera que tocara la puerta de un negocio en Tulum alegando inspeccionar en nombre de Cofepris no lo hacía con la autoridad de la agencia. Cofepris hizo un llamado a dueños de negocios afectados a reportar cualquier acto de corrupción y dirigió a los denunciantes a sus canales de reporte ciudadano, incluyendo la línea 079.

Una Limpieza Más Amplia Dentro del Ayuntamiento de Tulum

El caso surge en medio de un cambio más amplio en el gobierno municipal. Barbachano reveló a finales de junio que más de 50 servidores públicos habían sido despedidos en Tulum como parte de una reorganización administrativa vinculada a irregularidades, proceso que su comisión ha estado publicando semana a semana.

Ese contexto corta de ambos lados. Sugiere que la administración actual tiene apetito para perseguir falta administrativa interna, y también significa que las acusaciones contra Morales serán leídas como una prueba de si ese apetito se extiende a casos que involucran personal a nivel estatal operando en el municipio.

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Gobierno Estatal Aún Sin Responder

Hasta ahora, ni el Gobierno de Quintana Roo ni la Secretaría de Salud estatal han emitido una posición oficial sobre las acusaciones contra un funcionario de su propia estructura. Ese silencio es ahora el elemento más conspicuo del caso.

Dueños de negocios en el sector turismo exigen una investigación y sanciones si las irregularidades se confirman. El siguiente paso concreto corresponde a la comisión de Barbachano, que debe decidir si presentar formalmente la denuncia por usurpación de funciones, y al gobierno estatal, que eventualmente tendrá que decir si respalda su ventanilla de servicio en Tulum o la abre a escrutinio.

Hasta que una de esas cosas suceda, cada inspección sanitaria en Tulum será recibida con una pregunta que nunca debería haber sido necesaria: quién exactamente está pidiendo.

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